Bogotá.- Los candidatos presidenciales colombianos entraron en la recta final de sus campañas para las elecciones del próximo 31 de mayo, bajo la amenaza de una guerra sucia que ha ensangrentado el país y que les ha obligado a extremar sus medidas de seguridad.Recordemos que este es un artículo antiguo pero conserva mucha actualidad, a pesar del paso del tiempo.
"Lo que más me preocupa es llegar vivo al día de las elecciones", declaró dos meses atrás el candidato del gubernamental partido liberal, Horacio Serpa.
Esta frase resumió y evidenció la situación en la que se ha desarrollado en Colombia la campaña política para suceder a Ernesto Samper, quien el próximo 7 de agosto concluye su mandato de cuatro años, salpicado por una grave crisis política generada por los dineros que los narcotraficantes entregaron para financiar su llegada al poder.
Ahora, aunque el riesgo de que las campañas sean infiltradas por dinero ilícito sigue latente esta preocupación ha dejado de ser la más importante: el mayor temor de los aspirantes es su seguridad personal, que ha obligado a las autoridades a extremar las de por sí ya severas medidas para preservar sus vidas.
El candidato del opositor Partido Conservador, Andrés Pastrana, que en 1988 fue víctima de un secuestro por la entonces temida organización de "Los Extraditables" (brazo armado del cocainero cártel de Medellín), recientemente denunció amenazas de muerte.
Los servicios secretos confirmaron las amenazas y revelaron que buscan a dos pistoleros que salieron de la ciudad de Medellín (norte), al parecer con la orden de matarlo.
Pastrana teme que tras las amenazas estén los narcotraficantes. El ha manifestado su acuerdo con la extradición de nacionales, como una forma de combatir el narcotráfico.
Ese instrumento -prohibido en la Constitución de 1991- fue revivido en noviembre pasado por el Congreso, pero con restricciones que dejan a salvo a los grandes jefes del narcotráfico que se encuentran en prisión, como los capos del cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez, pedidos por Estados Unidos.
Pero el golpe más directo que hasta ahora ha sufrido la campaña presidencial fue el dirigido aparentemente contra el ex comandante de las fuerzas militares y candidato independiente, el general retirado Harold Bedoya.
Recientemente fue asesinado el ex ministro de Defensa, Fernando Landazábal, cuando salía de su residencia en Bogotá. Este general retirado apoyaba ideológicamente a Bedoya.
Aunque la situación preelectoral ya se encontraba tensa por los últimos asesinatos de dirigentes de izquierda, defensores de derechos humanos y las matanzas de más de medio centenar de campesinos, fue el crimen del ex ministro el que elevó al máximo la preocupación por la seguridad de los candidatos.
La tensión alcanzó tal nivel que el presidente Samper y el ministro del Interior, Alfonso López, advirtieron a los candidatos sobre el riesgo de exponerse en las plazas públicas. Sólo la ex canciller y candidata suprapartidista, Noemí Sanín, ha manifestado no haber recibido amenazas, pero reconoce el riesgo.
Pese a admitir el peligro, todos coincidieron en no ceder y han continuado con las giras políticas, rodeados por ejércitos de escoltas (cerca de 50 hombres armados protegen a cada uno). Además se les ha provisto de chalecos antibala, se desplazan en automóviles blindados y cada salida es minuciosamente coordinada por los cuerpos de seguridad.
Sin embargo el viernes de la semana pasada, cuando el helicóptero en que viajaba Serpa se disponía a descender en una población de la costa norte, en tierra se produjeron disparos que obligaron a postergar el aterrizaje, en un hecho confuso que el candidato calificó de "incidente" y el ministro de la Defensa, Gilberto Echeverri, negó.
A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones municipales de octubre y las legislativas de marzo pasado, cuando las guerrillas izquierdistas desplegaron una violenta e intensa campaña de sabotaje, en esta ocasión hasta han permanecido al margen.
La actividad guerrillera se ha limitado a tres ataques dinamiteros contra sedes de las campañas de Serpa y Bedoya, atribuídos por la policía a las milicias urbanas de la guerrilla. Pero al parecer esa actitud no sería más que una estrategia premeditada de los rebeldes.
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